Más de 800 modelos de entrada dejarán de comercializarse en Chile si se concreta el aumento de las exigencias de eficiencia energética previsto para enero de 2027, según el análisis de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, ANAC. El gremio advierte que la reducción de oferta afectará directamente a las familias de clase media, a las pymes y quienes necesitan un vehículo para trabajar.
“Si más de 800 modelos de entrada salen del mercado, el impacto puede convertirse en un misil al bolsillo de la clase media. Hablamos de familias que necesitan llegar al trabajo, de personas que trasladan a sus hijos o cuidan a sus padres y de emprendedores que dependen de un vehículo para generar ingresos. Perder alternativas accesibles puede obligarlos a endeudarse más o postergar la renovación, manteniéndolos a bordo de vehículos más gastadores y contaminantes. La transición hacia una movilidad más eficiente debe permitir que esas personas también puedan acceder a ella”, plantea Sebastián de Cárcer, presidente de ANAC.
Según los antecedentes del gremio, el aumento de la exigencia prácticamente haría desaparecer a los modelos a combustión de entrada por debajo de los $15 millones, que son precisamente los más vendidos y más apetecidos por los consumidores en Chile. Asimismo, el encarecimiento asociado al cambio tecnológico necesario para adecuar los vehículos a los nuevos estándares podría alcanzar entre US$3.500 y US$5.000 por unidad, a lo que se suma la presión de la eventual aplicación de multas.
“Una familia puede entender perfectamente que un vehículo más eficiente le ahorrará combustible, pero necesita poder pagar el pie y la cuota para comprarlo. El ahorro futuro en gasolina no resuelve por sí solo esa barrera de entrada. Por eso pedimos evaluar el efecto conjunto del nuevo ciclo de medición y del aumento de exigencias, con datos comparables y considerando las condiciones reales de los compradores”, explica Diego Mendoza, secretario general de ANAC.
El calendario regulatorio contempla elevar el rendimiento referencial de 18,8 a 22,8 kilómetros por litro de gasolina equivalente para 2027–2029, lo que equivale a un incremento de 21,3%. A ello se suma la adopción de WLTC como ciclo más exigente de medición para la homologación desde octubre de 2025.
El impacto en la actividad y el empleo
En el escenario que ANAC presentó al Ministerio de Hacienda —es decir, si el estándar se eleva desde el primer día hábil de enero—, las ventas podrían disminuir hasta en 80.000 unidades durante 2027, cerca de una cuarta parte del mercado de 310.000 a 320.000 vehículos proyectado para 2026, impactando negativamente en cerca de US$1.760 millones la actividad comercial en el sector.
En ese contexto, ANAC advierte que la totalidad de los vehículos a combustión interna e incluso los híbridos convencionales disponibles hoy en el mercado quedarían por debajo del rendimiento exigido y el aumento de la exigencia supondría sanciones del orden de US$75 millones anuales.
El encarecimiento de los automóviles también pondría en tela de juicio el funcionamiento de los concesionarios que hoy mantienen márgenes estrechos de operación, en un mercado altamente atomizado, que ha llevado a muchos a reorganizarse para solventar cuatro años consecutivos de ventas por debajo de lo esperado.
La preocupación de ANAC se extiende a concesionarios, logística, servicios y proveedores regionales. Según los antecedentes del gremio, el sector entrega más de 115.000 empleos directos; esa cifra podría verse afectada en caso que la actividad comercial decaiga en 2027 como parte de estas mayores exigencias, costos y multas impuestas por la ley.
La caída de las ventas implicaría, además, una reducción de US$281 millones en IVA recaudable y otros US$20 millones en impuesto verde y permisos de circulación, siendo estos últimos un ingreso relevante para los municipios del país.
La renovación del parque y el balance ambiental
La renovación del parque vehicular chileno es parte fundamental del balance ambiental en esta normativa. Si el mayor costo de acceso lleva a prolongar el uso de vehículos antiguos, podría reducirse parte del ahorro esperado de la incorporación de tecnologías más eficientes.
“El éxito de la eficiencia energética también se juega en la posibilidad de reemplazar un vehículo antiguo. Si una familia posterga esa decisión, porque el nuevo quedó fuera de su presupuesto, parte del beneficio esperado podría demorarse. Queremos que la transición avance en las calles y llegue a las personas, con vehículos de menor consumo que estén a su alcance”, señala Sebastián de Cárcer.
Un análisis sobre la Unión Europea publicado por el FMI en 2020 reconoce ese riesgo cuando los costos de implementar los estándares son demasiado altos. En el último año, la Unión Europea ha discutido rebajar los límites de exigencia a modelos de combustión interna, y en Estados Unidos -uno de los países pioneros en implementar eficiencia energética- la decisión ha sido eliminar gran parte de las exigencias que imponía dicho programa. Chile todavía no adecúa el programa de eficiencia energética a esta nueva realidad global.
Las propuestas de ANAC y una definición antes de enero
Ante este escenario, la asociación ha solicitado al Ministerio de Energía mantener el estándar referencial de 18,8 kilómetros por litro de gasolina equivalente durante 2027 y 2028, conservar el ciclo internacional de medición WLTC que ya supone una mayor exigencia, y utilizar ese período bianual para reunir datos locales comparables en un laboratorio internacionalmente reconocido, como es el Centro 3CV ubicado en Maipú, dependiente del Ministerio de Transportes. Propone además acordar las siguientes etapas en línea con la evidencia que se logre recabar, evitando un salto automático después de 2029 y considerando precios, disponibilidad de modelos, ahorro de combustible y la renovación efectiva del parque vehicular en circulación.
Durante ese período, ANAC propone evaluar los efectos por segmento y tecnología y realizar modificaciones de fondo a la ley. Entre ellas, plantea avanzar hacia una medición en gramos de CO₂ por kilómetro recorrido, alineada con la política de carbononeutralidad de la cartera de Energía, e incorporar incentivos a la electrificación, el reconocimiento del derecho a instalar un cargador eléctrico como medida de fomento a la carga domiciliaria y la masificación de las redes públicas. También plantea crear un mercado de créditos verdes para las marcas altamente eficientes, con mecanismos de créditos de cumplimiento intercambiables entre empresas y por períodos anuales diversos, y apoyar con créditos fiscales a quienes instalen puntos de carga.
El gremio además solicita revisar las barreras de acceso a vehículos electrificados. Las unidades híbridas, híbridas enchufables y eléctricas analizadas soportaron cerca de US$10,1 millones en costos arancelarios durante 2025 al no haberse actualizado los tratados de libre comercio para reconocer estas nuevas tecnologías eficientes.
La asociación ha propuesto, desde la entrada en vigencia de la ley, evaluar esos cobros junto con la creación de mecanismos de financiamiento “verde” para vehículos eficientes y el reconocimiento de distintas tecnologías eficientes con asidero en la práctica internacional comparada.
Esta discusión se enmarca, además, en la meta intermedia de electromovilidad establecida por el Ministerio de Energía, de alcanzar un 20% de nuevas incorporaciones de vehículos híbridos enchufables (PHEV) y eléctricos a batería (BEV) en 2030.
ANAC señala que sus planteamientos siguen pendientes de una respuesta formal y solicita al Ministerio de Energía resolver antes de fin de año las condiciones de implementación de la nueva fase prevista para enero de 2027, con un calendario realista y un cronograma bien definido de seguimiento y ajustes a la ley de eficiencia energética, que considere la incidencia de esta normativa en la oferta, los precios y las decisiones de abastecimiento para el próximo año.
“La falta de una definición también tiene un costo. Las decisiones sobre los vehículos que llegarán a Chile en 2027 se toman hoy, y prolongar esta incertidumbre puede afectar la oferta y las opciones de las familias. Hemos puesto propuestas concretas sobre la mesa: mantener la fase actual durante 2027 y 2028, conservar la nueva medición y mejorar las condiciones para incorporar tecnologías más eficientes. Necesitamos que el Ministerio de Energía responda y establezca plazos de trabajo. Estamos disponibles para avanzar, porque la eficiencia energética debe traducirse en vehículos que las personas puedan comprar y en ahorros que lleguen a su bolsillo”, plantea Diego Mendoza, secretario general de ANAC.