Consultas populares, radicalismo antiminero, actividades ilegales y la aproximación de la campaña electoral complican a la industria minera. Sin embargo, la ilusión se mantiene. Así fue antes. Y así es ahora.
Otro balde de agua fría recibió la industria minera ecuatoriana el 21 de septiembre del 2020: la Corte Constitucional dio vía libre al pedido del Municipio de Cuenca para convocar a consulta popular y preguntar a los cuencanos si están o no de acuerdo con prohibir la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui según la delimitación técnica realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca-Etapa EP.
En las otras cuatro preguntas las palabras río Tarqui se sustituyen por río Yanuncay, río Tomebamba, río Machángara y río Norcay. Los 435.963 cuencanos empadronados deberán pronunciarse el 13 de diciembre del 2020, según la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint. El 5 de octubre de 2020, 41 organizaciones productivas enviaron una carta al Presidente de la República, Lenín Moreno, para solicitarle “su urgente intervención” para la protección de la industria minera.
El texto temitido señala: “Nos dirigimos a usted para solicitar su urgente intervención para la protección de la industria minera como motor del desarrollo futuro del país y de su crecimiento económico. Vemos con gran sorpresa y grave preocupación el alejamiento del gobierno en cuanto a la protección de competencias básicas del Estado. Recientemente ha sido autorizada una consulta popular para decidir sobre si se permite -o no- la minería a gran escala en el Cantón Cuenca. Así también, el cabildo de Guaranda, a través de una ordenanza, ha declarado al Cantón Guaranda libre de minería metálica. Sobre estos hechos, procedemos a comentar”.
“Corresponde al Estado Central la propiedad de los recursos del subsuelo. Así mismo, corresponde al Estado Central la administración y gestión de los recursos del subsuelo. Por esta razón, el Estado Central está llamado, de manera imperativa, a implementar los medios correspondientes para precautelar los derechos otorgados a empresas públicas y privadas que realizan actividades extractivas. La inseguridad jurídica que estos eventos están provocando, impactan negativamente la imagen internacional del país, y ponen en serio riesgo las perspectivas de inversiones mineras estimadas por el mismo gobierno, y por consecuencia mermarán significativamente la generación de empleo y bienestar para las comunidades cercanas a los proyectos”.
“En este sentido, solicitamos a usted se sirva implementar los medios, gestiones, directrices e instrucciones necesarias, para que de manera inmediata los diversos entes del Estado Central, incluyendo el MERNNR, el Ministerio del Ambiente y Agua, y otros órganos del Estado, procedan a realizar las gestiones correspondientes para precautelar las competencias que corresponde al Estado Central, evitando así un acelerado deterioro del clima de inversión que hoy aqueja a la industria minera formal y responsable. Así mismo, recuerdo a usted que la minería formal y responsable es la fuente para el desarrollo y crecimiento futuro del país, y que proporcionará una profunda dinamización del tejido social y económico. Confiamos, Señor Presidente, que usted podrá articular la inmediata solución”.
Según registra Diario El Universo, la consulta popular a gran escala en el cantón Cuenca llega después de nueve años de marchas, demandas, reuniones y declaratorias. Aunque la lucha de los sectores sociales y autoridades de turno se enfocó principalmente en los proyectos Loma Larga (antes llamado Quimsacocha) y Río Blanco.
Políticamente han sido varias autoridades municipales y provinciales de Azuay las que han liderado diferentes procesos. En el documento enviado por la Municipalidad a la Corte Constitucional consta que en diciembre del 2011 desde un Parlamento Ciudadano organizado por la Prefectura se emitió una primera intención de discutir la posibilidad de realizar una consulta.
En el 2012 le siguió la denominada Marcha por la Dignidad del Azuay, cuyo lema era “Agua u oro”. Más tarde, en el 2016, la Cámara Provincial resolvió declarar a los páramos y fuentes de agua como zonas libres de minería metálica.
Desde el Municipio también se impulsaron algunas acciones. En septiembre del 2011 y enero del 2017 el Concejo Cantonal declaró a Cuenca territorio libre de minería metálica y exigió al Gobierno el archivo de las concesiones de minería metálica en todo el cantón.
Sin embargo, las decisiones que dieron efectos legales y frenaron la minería fueron las impulsadas por las comunidades campesinas de las parroquias rurales de Cuenca.
La más recordada fue la de junio del 2018 cuando un juez aceptó una acción de protección y suspendió “las actividades de explotación que se estén desarrollando del contrato de concesión denominado Río Blanco”. La decisión fue apelada, pero la sentencia se ratificó en la Corte Provincial de Justicia y desde entonces el campamento ubicado en la parroquia rural Molleturo está sin utilizar.
Para Victor Cabezas, en su columna publicada en la revista Vistazo, más allá de que es peligrosísimo que localmente se decida sobre cuestiones que debe administrar el Estado Central, como la minería, está de acuerdo en que, en un escenario ideal, con riqueza y bienes ilimitados, preferiría que no haya minería. Pero ¿cuál es el costo de esta decisión de la Corte? Básicamente la anulación de una fuente de ingresos que, bien distribuidos e invertidos, dan equidad y potencian la estabilidad económica. Eso está en juego.
“Tener una minería responsable, auditada y científica versus mantener el atraso en bienestar social y no poder garantizar las decenas de maravillosos derechos que cuestan y que para la mayoría de los ecuatorianos son una cruel utopía disfrazada de Constitución. La eliminación de la minería no es un evento gratuito, y el estupendo discurso político y ambiental que le rodea se agotará en la medida que la economía, implacable y real, toque nuestras puertas”, señala.
Y hace una analogía con un ejemplo común. De lejos una de las principales causas de muerte son los accidentes de tránsito, que podrían casi anularse si se impone una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora. ¿Por qué no se lo hace? Pues, porque a pesar de que así se salvarían vidas, el costo de no poder avanzar rápido, de enlentecer la movilidad con todo lo que ello implica, es demasiado alto. Salvar vidas no vale tanto como bajar la velocidad del mundo. ¿Es este un ejercicio cruel? Quizás sí, pero, aunque es trágico, es lógico. “Pareciera que la vida es un ejercicio perpetuo de tomar decisiones, sopesar ventajas y desventajas, asumir riesgos y tener resultados más o menos previsibles. Eso hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Con esa dinámica, consciente o inconsciente, decidimos qué café tomar, dónde y con quién vivir, qué leer, qué consumir, etc. En la vida, los riesgos son ineludibles. Solo podemos sopesarlos y decidir cuáles valen la pena asumir”.
Años de insistencia
Un artículo trabajado entre Mongabay Latam y GK hace un recorrido sobre cómo la consulta popular llegó a esta instancia. Con siete votos a favor y dos en contra, la Corte Constitucional dice que en caso que los electores se decidan por el Sí, es decir, por prohibir la minería, la decisión se aplicará en el futuro, pero no detalla cuál es el tiempo. Además, la Corte señala que en el texto de la consulta popular se debe incluir el mapa de coordenadas de las zonas de recarga hídrica elaborado por la subgerencia y gestión ambiental de ETAPA.
Todo empezó en una reunión extraordinaria y virtual donde el Concejo Cantonal de Cuenca aprobó, el 1 de septiembre, con 15 votos a favor y uno en blanco, convocar a una consulta popular por el agua, como la denominaron los activistas ambientales del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, organización de diferentes colectivos y personas que defienden los derechos de la naturaleza en esa ciudad y que llevó la propuesta al Concejo. La consulta pretende que los cuencanos decidan sobre los proyectos mineros que se realizan cerca de los páramos, donde nacen los ríos que proveen agua para la ciudad y la provincia del Azuay.
El objetivo de la consulta son los proyectos a gran escala. David Fajardo, uno de los representantes del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, explica para el informe de ambos medios, que las actividades mineras a las que se refiere la consulta popular son los proyectos a gran escala Loma Larga y Río Blanco que se desarrollan en las afueras de Cuenca. Loma Larga se encuentra en los cantones Cuenca, San Fernando y Girón, y cuenta con tres concesiones —Cerro Casco, Río Falso y Cristal— para explotación de oro, plata y cobre. Actualmente están en fase de exploración y se espera la etapa de producción para el primer trimestre del 2021.
El proyecto minero Río Blanco, en teoría, se encuentra en etapa de explotación pero no ha iniciado la producción que estaba planificada para el 2019 debido a la sentencia de una acción de protección, presentada en junio del 2018 por la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari). Los jueces consideraron que la concesión minera estaría ubicada en una zona que es fuente de agua, según indica también el Reporte de Minería del Banco Central del Ecuador.
En Azuay hay 765 concesiones mineras, algunas inscritas en la Agencia de Regulación y Control Minero y otras en trámite.
La Cámara de Minería del Ecuador (CME) respondió a Mongabay Latam que “la actividad minera responsable no debe ser cuestionada, ni sometida a consultas populares”. Los representantes de la CME argumentan que la minería es un sector estratégico para Ecuador y que la realizan con buenas prácticas ambientales y sociales. Además, afirman que “todo territorio donde se pretende prohibir la minería formal es presa fácil de mineros ilegales y todas las actividades delictivas que conlleva”.
Cerca a Cuenca ya hay un precedente de consulta popular. El 24 de marzo del 2019, en el cantón Girón, también en Azuay, se realizó una consulta popular para que los ciudadanos decidieran sobre la prohibición de las actividades mineras en Kimsakocha (Quimsacocha). Más del 80% de los votantes respondió que NO a la minería luego de ocho años en los que campesinos y líderes de los sistemas de agua comunitarios del cantón Girón se opusieran a esa actividad. Después de la victoria del NO, el gobierno de Ecuador dijo que ese resultado era un golpe a la industria minera, ya que afectaba una parte de concesión de la empresa canadiense INV Metals Inc que estaba en Girón.
Pedidos de consulta negados
El exprefecto de Azuay y actual precandidato a la presidencia del Ecuador, Yaku Pérez, ha entregado tres veces un pedido de consulta popular en la Corte Constitucional para prohibir la minería en la provincia. Todos fueron negados.
Hace más de un año, en julio de 2019, Pérez presentó la primera solicitud para paralizar la minería industrial. Dos meses después, en septiembre, la Corte Constitucional negó la solicitud, argumentando que la petición estaba planteada de forma general, al referirse a un “alto número de proyectos mineros como son los que se hallan en desarrollo en el Azuay y a diversas zonas ecológicas en dicha provincia”. Además, la Corte dijo que la pregunta no garantizaba la libertad del elector y que no estaba planteada para que los electores votaran sí o no, sino para dar una respuesta más detallada.
El 7 de enero del 2020, Pérez presentó su segunda petición en la Corte. Allí planteó dos preguntas: la primera relacionada a la prohibición de la minería metálica artesanal, pequeña, mediana y a gran escala, y la segunda sobre la cancelación de las concesiones mineras metálicas otorgadas con anterioridad a esa propuesta de consulta popular.
Un mes después, la Corte Constitucional negó y archivó la solicitud de Pérez porque el planteamiento de la pregunta sobre la cancelación de las concesiones mineras afectaba “al derecho constitucional de la seguridad jurídica”.
Pero Pérez insistió. El 3 de agosto del 2020 fue nuevamente a la Corte Constitucional para entregar otra solicitud, con una sola pregunta, sobre la prohibición de la explotación de minería metálica artesanal, pequeña, mediana y a gran escala en el área de bosque y vegetación protectora Yanuncay/ Irquis, microcuenca del río Tarqui. Otra vez la Corte negó el pedido argumentando que la pregunta que formuló no permitía a los electores decidir con libertad y responsabilidad.
(…) Hubo sectores críticos a las pretensiones de Pérez. Juan Francisco Guerrero, abogado constitucionalista, publicó un texto de opinión en la página web de la Cámara de la Minería donde indicó que la consulta pretendería modificar la Constitución porque, según su Artículo 407, esta actividad solo está prohibida en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles. Es decir, para prohibirla en otras zonas se necesitaría reformar la ley.
Johel Escudero, docente de derecho constitucional del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), dice que la consulta que quieren hacer en Cuenca no implicaría una reforma a la Constitución porque esta es una normal general y “puede cobijar nuevos acuerdos que haga la sociedad y el Estado”.
Actividad de largo aliento
La minería en el país ha tenido que discurrir entre un sinfín de obstáculos, desde las políticas públicas, pasando por los vaivenes jurídicos, las relaciones sociales y, por supuesto, la puesta en marcha de las actividades por sí mismas, que han tenido que enfrentar toda clase de desafíos.
La actividad minera en Ecuador data del siglo XIV con sus reglamentos y leyes, mismas que han sido modificadas de acuerdo a la toma de decisiones de cada gobierno. En un trabajo académico, Priscilla Massa-Sánchez, Rosa del Cisne Arcos y Daniel Maldonado recuerdan cómo ha sido la evolución de la minería ecuatoriana en la época moderna. Con la Ley de Minería de 1985, las actividades de exploración y explotación minera no tenían una legalización clara, debido a que no se realizaban bajo procedimientos técnico ni especializados Posteriormente, la Ley de Minería de 1991, hizo énfasis en la actividad minera artesanal, cuya actividad legalizada solo podía llevarse a cabo en lechos, playas de los ríos o en cualquier otro terreno donde no existieran derechos mineros asegurados por un título; también establecía que el Estado debía legalizar aquellas actividades mineras cuya ejecución no generara perjuicios ambientales, explotación irracional y el desperdicio del recurso minero.
De la misma manera, el estudio jurídico Pérez Bustamante recuerda cómo la minería en sus inicios no contaba con regulaciones y base legal específica para su desarrollo, lo cual generó rechazo y desinformación en la población frente a esta actividad. La primera Ley de Minería Data del año 1830, creada con el objetivo de “fomentar la minería”, en el Gobierno de Juan José Flores. Posteriormente aparece en 1886 el “Código de Minería”, que fue modificado por Eloy Alfaro en 1900 y estableció plazos para el arrendamiento de minas. Luego, se expide la Ley de Minería de 1937 que determinó que son de dominio del estado los minerales que se encuentran en el subsuelo; y luego la Codificación de la Ley de Minería de 1961.
En 1991, durante la administración de Rodrigo Borja, se dictó una mejorada Ley de Minería. Esta ley, por primera vez calificó a la minería como una actividad de utilidad pública a nivel nacional y determinó que las minas y yacimientos son patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. Finalmente reconoció derechos y concesiones mineras, definiendo las fases de la actividad minera. El mismo año se expidió también el primer Reglamento General a la Ley de Minería, instrumento que diseñó el procedimiento para el otorgamiento de concesiones y estableció lineamientos tributarios y económicos aplicables a la inversión minera.
En el 2001, se modifica este Reglamento incorporándose normas que califican a la gestión minera como de interés nacional, prioritario y fundamental para el desarrollo, incluyendo una sección de normas sobre la protección del medio ambiente. En el 2008, con la expedición de una nueva Constitución, que reconocía por primera vez a la naturaleza como sujeto de derechos, se expidió el “Mandato Minero”. Este instrumento declaró la extinción, sin compensación económica alguna de las concesiones mineras que se hallaban en la fase de exploración, y que no habían realizado ninguna inversión en el desarrollo de sus proyectos; también se declaró la caducidad de varias concesiones mineras que no habían presentado sus estudios de impacto ambiental. Este mandato generó una pausa sustancial en el desarrollo de la industria minera en el país.
En el 2009, ante el innegable potencial minero existente, se impulsa la industria minera con la expedición de una nueva Ley de Minería y su Reglamento, rompiendo con las concepciones tradicionales que calificaban a la minería como una industria destructiva, para generar un nuevo modelo de desarrollo económico enfocado a una minería responsable y organizada, para gestionar este sector estratégico de acuerdo a principios de sostenibilidad, prevención y eficiencia
En el 2011 se expidió la Nueva Ley de Minería y, en ese mismo año, se aprobó la Ley Trole II cuyo objetivo era la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana.
Un paraguas cerrado
El 13 de febrero del 2015 nació el Ministerio de Minería. Pero vivió exactamente solo tres años, tres meses, dos días. Su partida de defunción fue emitida el 15 de mayo del 2018. Una efímera vida de solo 1.187 días para sus 241 colaboradores, que desde la ejecución del Decreto No. 399 tienen 90 días (hasta el 15 de agosto del 2018) para trasladarse y sumarse al nuevo Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, un ente que, además de Minería, manejará el compás de Hidrocarburos, Electricidad y Energía Renovable y la Secretaría de Hidrocarburos.
La decisión del Gobierno no cayó a gusto dentro del sector, que pronosticaba que la industria dejaría de tener un paraguas que fue fundamental para desarrollar las actividades. No por nada, desde que se ejecutó la decisión, los problemas para el sector solo han ido aumentando.
En ese momento, Walter Spurrier señalaba a Minergía sus preocupaciones. Dos años después, al parecer sus predicciones se están cumpliendo. “El Gobierno está tratando de mejorar la situación económica, reducir gastos fiscales; apunta al exceso de proliferación de ministerios y superministerios en el anterior Régimen. En ese sentido se entiende la propuesta. Pero hay un riesgo, porque el Ministerio de Minería venía actuando sumamente bien, era un Ministerio cuyo campo de acción estaba a punto de expandirse de una manera geométrica debido al gran número de empresas que están empezando a trabajar. Entonces, hay el peligro que, al unirse con Hidrocarburos y Electricidad, pase a un segundo o un tercer puesto de importancia dentro de la nueva institución”.
Añadió que tuvo que venir la Ley que creó el Ministerio para impulsar el gran desarrollo minero que se ha tenido desde el 2016. Entonces, en ese sentido, la fusión trae un peligro, de que el nuevo ente se quede atrasado frente a las necesidades de un sector que apunta como el más dinámico de la economía en los próximos cinco años por lo menos.
“En esa misma línea, hay temas que me preocupan. Cómo se va a trabajar para impedir los abusos de los sectores antimineros que han pasado a una posición de ataques físicos. Coincido que es importante que haya el control ambiental y que no haya mineros que infrinjan las leyes ambientales y causen daño a la naturaleza, pero el problema es que eso requiere de un Ministerio mucho más dinámico, porque la cantidad de permisos y de supervisión que tiene que hacer excede a sus actuales capacidades”.
Ilegalidad en alza
Buenos Aires es la punta del iceberg. Debajo navegan otra serie de problemas de minería ilegal que está afectando seriamente la imagen de la actividad que se realiza responsablemente. Para el común de las personas, todavía está vinculada la idea de ríos contaminados, trabajo precario, explotación de recursos, entre otros. Pero la minería moderna, la legal, avanza en la otra dirección, pero lamentablemente eso todavía no está posicionado entre los ciudadanos.
Por ello, pedidos de consulta popular son tan peligrosos, porque, de alguna manera, colocan en la misma bolsa a las empresas que invierten y realizan sus trabajos con todos los cuidados ambientales, técnicos y humanos, con las actividades ilícitas que usan medios nocivos y hasta delicuenciales para la explotación de minerales.
En estos mismos momentos, a lo largo del país siguen detectándose lugares de explotación ilegal, similar a Buenos Aires. Ese es el caso de un laboratorio descubierto por las Fuerzas Armadas en el sector de El Cristal, en Imbabura. Según el reporte de Diario El Comercio, en el sitio fueron detenidas siete personas, además, se confiscó un camión, 110 sacos de material aurífero, dos motores para drenar agua, una planta generadora de electricidad, una moledora, dos radios de comunicación y USD 2.000, entre otras cosas.
Igualmente, hace pocos días se descubrieron 500 sacos con rocas mineralizadas, que fueron escondidas en una mina. Soldados de Grupo de Caballería Mecanizada Yaguachi encontraron huellas frescas de pisadas de personas en los sectores conocidos como Ciudad de Plástico, Mina Vieja y Mina El Olivo. En el mismo sitio se realizó la destrucción de los envases que contenían el material aurífero, así como también se derrumbó el acceso a la mina.
Paralelamente, en el sector La Esperanza, en Río Verde, en Imbabura, se encontraron ocho mulas que trasportaban 50 sacos de material aurífero. Los productos encontrados se suman a 150 más que fueron descubiertas la semana anterior en el sector del Puente Amarillo, en la parroquia La Concepción, perteneciente al cantón Mira, en la provincia del Carchi. El material estaba enterrado.
Por último, siete personas fueron detenidas durante un operativo ejecutado en el río Durango, en San Lorenzo (Esmeraldas). La intervención estuvo a cargo de personal técnico de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales (ARC), junto a efectivos de la Policía Nacional. Además de los siete detenidos que cometían actividades mineras ilegales, también se decomisó grava aurífera con un volumen aproximado de 70 kg. Al momento del operativo, se verificó la extracción ilegal de material aurífero, con la utilización de dragas y platones en el margen izquierdo y derecho del río Durango.
Cifras positivas
A pesar de todo este ambiente complicado para la minería, las cifras hablan de lo beneficioso que es para el país. Según datos del Banco Central del Ecuador, en agosto del 2020, los minerales ocuparon el cuarto lugar entre los productos más exportados por el país, después del petróleo, banano y camarón; logrando generar USD 120 millones, lo que representó el 6,76% de las exportaciones totales de este mes. En este contexto, es importante indicar que pese a la emergencia sanitaria producida por el Covid-19, de enero a julio del 2020, el promedio de las exportaciones mineras mensuales fue de USD 41,32 millones, lo que significó un 52,9% más del promedio registrado en las exportaciones de productos mineros del 2019.
“Entre enero y agosto del 2020, Ecuador ha exportado un total de USD 410,06 millones en productos mineros (excluyendo los productos industrializados provenientes de la minería no metálica, como la cerámica, vidrio, cemento, entre otros) formando parte de las exportaciones primarias no petroleras no tradicionales. Los recursos generados de las exportaciones mineras contribuyen a la estabilidad de la economía del Ecuador, así como al fortalecimiento de la dolarización”, aseguró el Central.
Fuente: http://www.minergiaec.com/
