El acuerdo contempla la generación de la Mesa de Gobernanza Socioambiental de la Subcuenca del Salar de Punta Negra, junto con el Plan de Manejo.
En el marco de la demanda de reparación por daño ambiental en el Salar de Punta Negra interpuesta en contra de Minera Escondida de BHP Chile, el Primer Tribunal Ambiental aprobó un acuerdo entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, el Consejo de Pueblos Atacameños y la empresa minera.
El acuerdo incluyó la entrega de bases de conciliación y la actuación como amigable componedor por parte del órgano colegiado. Entre los aspectos que más destacan está la “Mesa de Gobernanza Socioambiental de la Subcuenca del Salar de Punta Negra y sectores aledaños” y la elaboración y validación de un Plan de Manejo que deberá llevar adelante la minera para contribuir a la recuperación natural del acuífero del Salar de Punta Negra.
Este último punto se basa en el artículo 42 de la Ley 19.300 por lo que deberá ser autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y podrá ser fiscalizado por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).
El plan contempla medidas que permitirán restaurar, compensar, y mantener los múltiples servicios ecosistémicos y la protección de microorganismos del salar, incluyendo los extremófilos, es decir, aquellos capaces de vivir en condiciones extremas.
En tanto, la Mesa de Gobernanza Socioambiental tiene como objetivo facilitar el diseño, la co-construcción, ejecución y seguimiento de las medidas de manera participativa, coordinada y en igualdad de condiciones para la Subcuenca del Salar de Punta Negra.
El espacio estará conformado por dos representantes de la Comunidad Atacameña de Peine; del Estado designados por el CDE en el ejercicio de sus competencias de coordinación; de Minera Escondida; y un representante del Consejo de Pueblos Atacameños.
Mesa de Gobernanza Socioambiental
Uno de los aspectos de mayor relevancia tiene relación con la participación de las partes en la Mesa de Gobernanza Socioambiental, la que debe cumplir con los principios de participación, transparencia, rendición de cuentas y justicia social.
También debe llevar adelante las tareas de revisión y aprobación de todas las medidas en torno a la ejecución de acciones de transición como diagnósticos, investigaciones y estudios; junto con la revisión, aprobación y seguimiento del Plan de Manejo que será elaborado por una entidad independiente previo a someterla a la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente.
Entre las medidas de transición que deberán ser aprobadas por la mesa, están las de difusión y puesta en valor. Además de los diagnósticos y estudios de forénsica ambiental, catastro territorial, levantamiento de línea base físico-biótica, modelo hidrogeológico y ecosistémico, ecología de especies clave, de hábitat, etnográfico y de paisaje y potencial turístico.
También, las medidas de compensación como la conservación del humedal altoandino y las medidas de reparación como la continuidad de funcionalidad de los Sistemas Vega-Canal-Laguna del salar y la búsqueda de fuentes alternativas para el suministro de aguas para el Sistema de Irrigación Superficial y Subsuperficial, con la consiguiente liberación de aguas del acuífero del salar de Punta Negra; así como la transferencia de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneos y superficiales de la subsubcuenca Salar de Punta Negra al MMA para fines de Conservación.
Plan de Manejo
Respecto al plan de manejo, este tendrá una vigencia indefinida con una revisión periódica cada cinco años y comprende todas las medidas que se ejecutarán desde la fase uno y las que deben aprobarse posteriormente como el retiro de infraestructura industrial.
El plan de manejo comprenderá un mecanismo de seguimiento ambiental, que tendrá por finalidad asegurar que las variables ambientales relevantes que fueron objeto de este instrumento para la restauración del medio ambiente evolucionen según lo proyectado.
El monto total de las 19 medidas de gestión, compensación y reparación es de US$ 81.192.184, pudiendo superar los US$93 millones de ser necesario.
