La Primera Sala del tribunal de alzada acogió la solicitud del gobernador regional de Atacama y de comunidades indígenas, respectivamente, y dio un plazo de 10 días para que la parte recurrida evacue un informe sobre la materia.
En fallos unánimes, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Marcela Araya Novoa, el fiscal judicial Carlos Meneses Coloma y la abogada Verónica Álvarez Muñoz– acogió las solicitudes del gobernador regional de Atacama y de comunidades indígenas, respectivamente, y dio un plazo de de 10 días para que la parte recurrida evacue un informe sobre la materia.
“Téngase por interpuesto recurso de protección. Pídase informe a los recurridos (ministro de Minería y subsecretario de minería), el que deberá evacuarse dentro de décimo día, debiendo acompañar todos los antecedentes que obren en su poder”, ordena la corte copiapina.
“Ofíciese a efectos de notificar a la recurrida por la vía más expedita de la interposición del presente recurso y la concesión de orden de no innovar, adjuntando copia del recurso y de la presente resolución”, quedó expresado.
De este modo, la Corte de Apelaciones de Copiapó dio por interpuestos sendos recursos de protección, dictó orden de no innovar y dispuso la inmediata suspensión del proceso de selección y adjudicación del proceso de licitación pública nacional e internacional para la exploración y explotación de yacimientos de litio.
