A casi dos meses de paralización de la producción, la compañía minera MMG Las Bambas reafirmó su voluntad de participar en un diálogo transparente, constructivo y libre de coerciones para alcanzar acuerdos sostenibles.
En un comunicado la compañía expreso: “Minera Las Bambas saluda la voluntad del Gobierno por restablecer el diálogo entre las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Choaquere, Chila, Pumamarca, Chuicuni y la empresa. Para tal efecto el Poder Ejecutivo ha designado una Comisión de Alto Nivel Ministerial que promueva un espacio de encuentro y diálogo transparente, constructivo y libre de coerciones entre las partes.”
Según informaron, tras más de 55 días de paralización de la producción de Las Bambas (forzada por la invasión ilegal de sus terrenos), la situación es extrema e insostenible. El Perú acumula pérdidas por más de US$ 500 millones en exportaciones y S/ 286 millones por Impuesto a la Renta y Regalías Contractuales. Por su parte, en ese lapso la Región Apurímac ha perdido S/ 176 millones equivalentes a más del 80% de su presupuesto anual de protección social.
También se ven afectados unos 75,000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos y 1,400 micro, pequeñas y medianas empresas de Apurímac y Cusco padecen las consecuencias de la paralización. Esta situación ya ha causado el despido de 3,000 trabajadores de empresas contratistas de Las Bambas, situación que se agrava conforme pasan los días.
Sin embargo, desde la minera reafimaron que confían en que a través del diálogo se puedan restablecer las condiciones para reiniciar en el más breve plazo posible las operaciones y evitar así mayores pérdidas para el Perú.
Es importante considerar que la Comisión está integrada por los titulares de los Ministerios de Energía y Minas, de Justicia y Derechos Humanos, de Comercio Exterior y Turismo, de Transportes y Comunicaciones, del Ambiente, y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quienes estarán acompañados por la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. También por instituciones neutrales como la Conferencia Episcopal Peruana y la Defensoría del Pueblo.
