Tras las reuniones sostenidas con funcionarios gubernamentales del Perú y, representantes de seis comunidades de los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, de la provincia de Cotabambas, Apurímac, desde la compañía minera MMG Las Bambas reiteraron su disposición para la resolución del conflicto que hace casi dos meses llevó a la paralización absoluta de la producción cuprífera local.
Sin embargo, hicieron público un comunicado en el cual expresaron la situación actual: “Minera Las Bambas saluda el esfuerzo del Gobierno del Perú por establecer un diálogo que conduzca a reanudar las operaciones de Minera Las Bambas, suspendidas desde el 14 de abril por la invasión ilegal de sus terrenos y que, tras 42 días de la paralización, ha generado pérdidas por cerca de US$ 400 millones en exportaciones y más de S/ 220 millones en rentas para el Perú y la región Apurímac”.
Respecto del último encuentro sostenido indicaron que la minera “Lamenta la culminación de la reunión sin haber podido llegar a acuerdos debido a la posición de las 6 comunidades campesinas en condicionar la liberación del terreno invadido y la reanudación de las operaciones a la subsanación de supuestos incumplimientos que no precisan. Cabe señalar que muchos de ellos son nuevas demandas no consignadas en acuerdos anteriores y entre ellas figuran esquemas no contemplados en el ordenamiento legal vigente, como por ejemplo una participación del 50% de las utilidades de Minera Las Bambas a cambio de un supuesto aporte de terrenos, los cuales ya fueron adquiridos y pagados por Las Bambas a la propia Comunidad en el año 2013.”
Trabajos en riesgo
El documento señala también la disposición de la minera a un diálogo transparente y constructivo para una revisión exhaustiva de los compromisos de la empresa con las comunidades de los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, e invoca a estas a deponer medidas de fuerza ilegales y demandas incompatibles con el marco legal de la actividad minera en el Perú.
Otra preocupación que destacaron fue “la falta de voluntad para llegar un acuerdo de estas comunidades pone en riesgo 9000 puestos de trabajo y a más de 1400 pequeñas y medianas empresas de Cusco y Apurímac que proveen bienes y servicios para Minera Las Bambas.”
